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domingo 20 de abril del 2014

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Beneficios a exonerados pol铆ticos

  • Cuando las políticas públicas persiguen un fin más político que técnico, terminan relegándose los factores de focalización y control, diluyéndose en la satisfacción política partidista de su aprobación, afectando la calidad y eficiencia de ellas.

La denuncia realizada por el programa periodístico “Contacto” de Canal 13 sobre irregularidades en la entrega del subsidio para los exonerados políticos del Estado durante el Gobierno Militar, reveló una serie de cuestiones relevantes que ponen en tela de juicio la existencia de este tipo de beneficios.
El programa “Contacto” de canal 13 realizó una investigación periodística donde se observa que un porcentaje aún no determinado de quienes han optado y recibido este beneficio ya sea pensión vitalicia o de gracia o reconocimiento de haber trabajado en el Estado para sumar años y fondos a sus imposiciones, no cumplían con los requisitos para acceder a este subsidio estatal.
Uno de los hechos que llamó la atención de este programa fue que diversos parlamentarios entre los que se encuentran el senador Alejandro Navarro del MAS y el diputado del Distrito 41, Carlos abel Jarpa, habían entregado cartas que afirmaban que determinadas personas sí habían prestado servicios para el Estado y posteriormente fueron despedidos por razones políticas. Documentos que permitieron que estas personas optaran al beneficio, sin que esta condición fuera efectiva.
Los cuestionamientos de sus pares de la Alianza, tanto el senador Víctor Pérez como el diputado Frank Sauerbaum, señalaron que esta situación era impresentable, que debía ser investigada, tanto por el Congreso, la Contraloría y la Justicia Ordinaria y que quienes recibieron este beneficio, sin tener derecho a él, debían ser sancionados.
Pero más allá de lo que pueda determinarse en relación a los falsos exonerados políticos existen dos cuestiones de fondo que apuntan a responsabilidades políticas. La primera se refiere a la gestión de los parlamentarios que entregaron antecedentes que se ha demostrado no son verdaderos. Más allá de la buena o mala fe con que hayan actuado, estas acciones podrían llegar a constituir actos ilícitos, pues se buscó defraudar al Estado con esta información. Si bien, quien determinaba en definitiva la condición de exonerado era el Presidente de la República -lo que podría hacer aún más complicado el panorama ya que la responsabilidad podría eventualmente extenderse hasta este cargo- los parlamentarios actuaron al menos negligentemente y, según los antecedentes entregados por el programa periodístico, en algunos casos también con fines electorales.
Por otro lado, el rol fiscalizador de los propios entes públicos nuevamente falló, ya que fue un ente externo, en este caso un medio de comunicación quien detectó las irregularidades, mientras los órganos del Estado que deben velar por el correcto uso de los recursos fiscales no actuaron con el celo y la obligación de control que les corresponde. En este punto también podrían caber responsabilidades administrativas.
El gran problema que presentan las políticas públicas cuando el fin que persiguen es más político que técnico, es que se relegan del análisis de los factores que suponen la focalización y el control como tareas prioritarias dentro de su diseño, y al final terminan diluyéndose en la satisfacción política partidista de su aprobación, afectando la calidad y eficiencia de ellas.





 

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