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Secretismo por nueva cárcel

• La experiencia indica que aquellas iniciativas emprendidas por la autoridad sin consultar la opinión de la comunidad,  se han visto enfrentadas a una dura oposición por parte de la gente, y más de alguna vez, el resultado ha sido el fracaso total.

Resulta insólito que con todo el acceso a información que existe hoy, con las exigencias legales a los organismos públicos para transparentar sus contratos y con la tendencia a hacer cada vez más participativas las decisiones que afectan a una comunidad, el Ministerio de Justicia maneje con total secretismo la decisión sobre la ubicación de la futura cárcel de Ñuble.
Puede entenderse, en parte, que se maneje con reserva un tema como éste, cuando se quiere evitar la especulación sobre el valor de los terrenos, ya que se trata de adquirir un predio de al menos, 100 hectáreas, para levantar en él lo que las autoridades denominan una cárcel “modelo”.
Sin embargo, la razón mencionada anteriormente pierde peso cuando se trata de un asunto tan sensible como la construcción de un recinto penal, que tiene claras externalidades negativas, como la disminución de la plusvalía de los terrenos circundantes y el incremento de la percepción de inseguridad (fundada o infundada) por parte de los eventuales vecinos.
La experiencia indica que aquellas iniciativas emprendidas por la autoridad sin consultar la opinión de la comunidad, tanto del actual como de anteriores gobiernos, se han visto enfrentadas a una dura oposición por parte de la gente, y más de alguna vez el resultado ha sido el fracaso total.
Lamentablemente, las actuales autoridades parece que no han aprendido de la experiencia e insisten en desarrollar proyectos a espaldas de la ciudadanía, entre cuatro paredes de una oficina en Santiago.
Otra razón para explicar el secretismo puede ser precisamente ése: la necesidad de evitar todo debate sobre el tema, ya que cada vez que se ha intentado buscar una ubicación, ha surgido la inmediata oposición de dirigentes sociales y de los alcaldes respectivos, como ocurrió con Chillán Viejo, cuando se barajaba la opción de construir el recinto en el predio de Trinidad.
Pero eso, en la práctica, es postergar un debate que no se puede obviar.
Pues mientras se espera la decisión “suprema” del Ministerio de Justicia, conviene precisar ciertos aspectos que deben ser clave a la hora de debatir -si es que el Gobierno lo permite- respecto de la ubicación del futuro recinto penal.
En primer lugar, quienes se oponen a la instalación de una cárcel, deben plantear soluciones alternativas, pues no es entendible que se exija mayor seguridad ciudadana, y por otro lado, no se quiera albergar una cárcel.
En segundo lugar, la ubicación debe escogerse pensando en los usuarios del recinto, es decir, los mismos reos, sus familias y los funcionarios de Gendarmería. No se trata de personas de segunda clase, y merecen contar con buena accesibilidad y eso incluye locomoción colectiva. Por lo anterior, buscar terrenos a decenas de kilómetros de la ciudad es casi un exilio.
Y en tercer lugar, el proceso de compra del terreno debe ser absolutamente transparente, ya que cuando se trata de grandes negocios y de recursos del Estado, no es raro encontrar a oportunistas y especuladores dispuestos a aprovecharse de la situación, involucrando, de paso, a funcionarios públicos en conductas ilegales.
Es necesario, entonces, que el proceso sea abierto a la comunidad, participativo, transparente y considerando los requerimientos de los usuarios.