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jueves 17 de mayo del 2012

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La escasa representatividad de la Cámara de Diputados

Y Ciper lo hizo de nuevo.
Ante la profunda crisis de representatividad que existe en nuestro país -Congreso, partidos políticos, organizaciones gremiales, sindicales, estudiantiles, deportivas, etc.- la ciudadanía ha optado por manifestarse a través de movilizaciones propias. Ciper (Centro de Investigación Periodística) quiso averiguar distrito por distrito cuál es la representatividad real de nuestros honorables diputados, conocer qué tanto representan a los habitantes de sus distritos. Queda más que claro que estamos pagando caro nuestro pecado de no participación ciudadana.
Para esto, el Centro de Investigación Periodística cruzó las estadísticas poblacionales del INE y el registro del Servel para dimensionar la falta de representatividad de nuestro sistema político y electoral. De esta manera, se hace omisión de los falaces porcentajes que entrega el Servel, calculados sobre la ciudadanía que sí votó, pero obviando los que no votaron, votos blancos y nulos.
En las últimas elecciones de diputados, más de 5,5 millones de personas prefirieron no votar por un candidato, lo que representa el 45,68% de los chilenos mayores de 18 años. De los que sí votaron, muchos lo hicieron por candidatos que no fueron electos. Esto hace que la representatividad real a nivel nacional de nuestros honorables diputados alcance un exiguo 32,54%. Es decir, no representan ni a un tercio de la población mayor de 18 años. Diputados elegidos legítimamente, pero no representativos. ¿Cómo pretender entonces que no haya movilizaciones? ¿Cómo obviar ese permanente malestar -malaise- que ya se convirtió en crónico en nuestro país?
Esto hace que algunos distritos estén muy bien representados: un gran porcentaje de su población mayor de 18 años votó por alguno de los actuales diputados. El distrito 22, correspondiente a la comuna de Santiago, lidera en representatividad real, con el 58,18% de su población mayor de 18 años que votó por alguno de sus dos actuales diputados: Felipe Harboe (30,21%) y Alberto Cardemil (27,97%). Por el contrario, existen distritos con muy escasa representatividad. En un poco honroso primer lugar, se encuentra el distrito 29 (La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) que no votó mayoritariamente por los actuales diputados, y por lo tanto, no se sienten representados. Ellos son: José Pérez (7,01%) y Osvaldo Andrade (8,5%). A la Provincia de Ñuble la podríamos ubicar en la medianía de la tabla. La mejor representatividad real está en el distrito 42 (35%), con Jorge Sabag (20,55%) y Frank Sauerbaum (14.60%), mientras que el distrito 41 tiene un 27,71%. Allí, Rosauro Martínez tiene 16,34% de representatividad real y Carlos Abel Jarpa apenas 11,37%.  
Al revisar el trabajo de Ciper (www.ciperchile.cl), se constata que hay diputados que ni siquiera alcanzan a representar al 10% de los habitantes de su distrito. Esto además de dificultar cualquier intento de legitimarse, desprestigia con fuerza a toda la política. Más aún, cuando se trata de diputados elegidos gracias a la ingeniería electoral más que a su esfuerzo o sintonía con la ciudadanía o a las designaciones de partidos políticos.
Ante tan baja representatividad, ¿qué futuro nos espera? Sólo las reformas políticas nos podrían salvar de un sistema que colapsa. ¿Será capaz el Gobierno de lograr los consensos necesarios, en especial los fuegos amigos? Esa es la gran interrogante.

Tasa Máxima Convencional

Posterior a la firma por parte del Presidente de la República del proyecto que modifica la Ley 18.010 que considera la Tasa Máxima Convencional (TMC), cabe la pregunta ¿entendemos el alcance de dicha modificación? A modo de introducción consideremos lo siguiente: el costo asociado a los créditos de consumo  y tarjetas de crédito durante los últimos diez años ha ido en aumento, observándose cobros que van desde 35% hasta más de 55% anual.
Dichos cobros alcanzan a un número importante de ciudadanos que al acceder con mayor facilidad a productos bancarios, pagan intereses más altos por conceptos de asimetrías de información, en palabras simples: si el banco no conoce con certeza o mediana certeza la capacidad de pago del cliente, le asocia una calificación de riesgo más alta y a mayor calificación mayor costo al endeudarse.
La modificación considera rebajar desde 50 a 35% el recargo en el costo del crédito, dejando la TMC en aproximadamente un 44%, beneficiando justamente al segmento castigado actualmente con tasas por sobre el 50%. Además en un futuro se esperaría pueda situarse entre 31 y 40%, lo que se aceleraría con la puesta en marcha de iniciativas como el Sernac Financiero y en el mejor de los casos la consolidación de las bases de datos de las entidades financieras y de retail en un único sistema integrado de información comercial. Todo lo anterior, sumado un plan de educación financiera de los consumidores constituiría un círculo virtuoso que sentaría las bases para un mejor desarrollo del mercado financiero en nuestro país y sin dudas contribuiría al bienestar de nuestra ciudadanía.
A juicio de expertos es posible que en un comienzo se contraiga el crédito a los segmentos más riesgosos, no obstante se continuarían realizando esfuerzos por bancarizar a las personas de menores ingresos y a las pequeñas empresas. Por lo mismo, creo que el efecto de disminución sería marginal, pues es sabido que las actuales tasas son un exceso y su aporte en bienestar es mínimo comparado con los malestares ocasionados por el sobreendeudamiento y popular bicicleteo financiero del que muchas familias son protagonistas.
No quiero dejar pasar la oportunidad de recalcar la necesidad imperativa de contar con un Plan de Alfabetización Financiera a nivel país, que otorgue las herramientas básicas que orienten la toma de decisiones de consumo e inversión de la población. Países como Estados Unidos, México, Colombia y Perú, ya incorporan en su curriculum educativo inicial, principios como el ahorro y la utilización eficiente de los recursos.
De hecho en 2012 la OCDE medirá el nivel de conocimientos financieros, en 19 países, lo que se alinea con la recomendación realizada ya en 2005 a los gobiernos de crear planes para la promoción de la educación financiera desde edades tempranas. Mi pregunta es ¿hasta cuándo esperaremos?
Personalmente no espero más, y junto a un grupo de egresados y alumnos de mi escuela, crearemos una Asociación de Orientación a los Consumidores, en la que como objetivos nos planteamos el reto de educar a nuestros conciudadanos en materias de finanzas y economía. Para ello utilizaremos además de nuestros conocimientos, todo el ímpetu y valor de la juventud que en este caso se hace cargo de un tema que nuestras autoridades hace tiempo tienen en stand by.

Renovación y reconfiguración de un nuevo referente

En tres aspectos se pueden sintetizar los problemas estructurales que enfrenta la Concertación. En primer lugar, una crisis en los ámbitos programático, electoral y cultural, es decir, carencia de ideas y proyectos de transformación para proponer al país y disminución del apoyo electoral y falta de representación político-cultural con lo que históricamente fue su sector, la centro-izquierda.
En segundo lugar, los partidos políticos que la conforman, devinieron en estructuras burocráticas, carentes de principios, falta de disciplina interna; en el fondo, una falta de continuidad orgánica. Asimismo, dejaron de cumplir su función formadora, aquella “escuela de la vida estatal”. Peor aún, la escasez de formación teórica y doctrinaria en los partidos, conllevó una decadencia en la actividad política a nivel institucional, que se refleja, por ejemplo en la carencia de referentes, pobreza del debate y en dejar de concebir la política como aquella actividad del pensar y hacer colectivo.
En tercer lugar, advertir que la crisis orgánica de la Concertación no tiene una sola causa u origen, es el resultado de un proceso que se ha venido exteriorizando de muchas maneras: en la forma de cómo ser gobierno, ejercer la función pública (corrupción), en la (des)conexión o (falta) de diálogo con la sociedad civil, en su estructura interna, toma de decisiones y en la actualidad en su (deficiente) rol opositor. Todas expresiones que a través de los últimos 20 años se superponían o complejizaban de acuerdo a determinadas coyunturas y que una vez lejos del gobierno, se agudizaron.
Asimismo, al interior de la Concertación se impuso preferentemente una mirada de la política centrada en procesos electorales (la política convertida en elecciones y encuestas) y en partidos como espacios o reductos generadores de empleos para sus militantes o adherentes.
Por ello, el desafío post Concertación va más allá de la conformación de un bloque opositor o frente amplio. Se trata de pensar críticamente la actual coyuntura, lo cual pasa entre otras cosas por un proceso de renovación en los ámbitos político, cultural y epistemológico de lo que significa ser y hacer oposición en el actual momento histórico. Y sobre todo en la lucha por la formación de un nuevo referente o bloque histórico, que concatene lo social con lo político, no reducido a una alianza entre partidos, como hasta ahora. En ese sentido es importante asumir que la renovación o configuración de un bloque histórico debe ser entendido como un proceso de reconfiguración ideológica y práctica, centrado en tres aspectos: un cuerpo teórico-crítico (ideas) para representar el nuevo escenario y proyectar la acción política hacia el futuro; en segundo lugar, la acción política en el campo de la lucha política y en tercer lugar la nominación o relación con la sociedad civil, es decir, la renovación como proceso de cambio no debe quedar reducido a un ámbito cupular intelectual (menos dirigencial), donde el pensador político se desconecta de las bases, militancia, simpatizantes o masas. La idea es establecer una mancomunión a través de un marco referencial teórico que permita una nueva hegemonía para la acción política contingente. Complementando aquello, una lucha por el poder para nominar y representar la realidad.
De allí que la tarea, una vez superada la crisis, deba centrarse en un debate social y político de ideas y proyectos, que incluso va más allá de las elecciones.

La letra chica en Políticas de Salud Pública

Últimamente se ha manifestado un descontento bastante generalizado con el desempeño del Estado, y digo a propósito Estado porque no deseo referirme a ningún gobierno en particular, sino a todos los gobiernos. Por eso hago las siguientes preguntas: ¿Por qué tal descontento ciudadano en un país que es líder en Latinoamérica, con altos niveles de crecimiento, una baja inflación, un bajo nivel de desempleo, con una democracia estable, con seguridad ciudadana etc.? ¿En qué aspectos está fallando el Estado?
Una de las posibles respuestas son aquellas referidas a las expectativas de la población. En efecto, la población tiene expectativas mayores a lo que el país está entregando, lo genera descontento. La única respuesta posible a este fenómeno es que “nuestros mismos gobernantes” promocionan avances en distintas áreas con tanta grandilocuencia, que el propio mensaje es capaz de generar inmensas expectativas. Y están superan a los hechos reales. Así, a pesar de la existencia de grandes avances en nuestro país, estos resultan poco significativos al ser contrastados con aquellas promesas gubernamentales.
Por ejemplo, el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES, AUGE), cuyo mensaje mediático dice que se otorgará cobertura a un conjunto explícito de problemas de salud. No obstante, pese al inminente avance que representa esta medida, la política pública tiene una “letra chica” que limita la extensión de los beneficios que se están otorgando. En este caso, ya sea por edad del beneficiario, por etapa de la enfermedad o, por subtipo dentro del mismo problema de salud.
Así, con el AUGE se “empoderó” a los beneficiarios, se les dijo que tenían nuevos derechos, sin embargo el mensaje fue engañoso, ya que tendía a ser interpretado como más amplio de lo que en realidad se estaba ofreciendo. Para ilustrar lo anterior la cobertura de los cánceres infantiles en el AUGE. El mensaje dice “cánceres infantiles”, la letra chica: “no en todos los casos”. Es decir, lo que cumplen con un set de reglas, a saber: leucemias, linfomas y tumores sólidos, en mayores de 15 años.
Veamos otro ejemplo: el postnatal de 6 meses, actualmente en discusión. El mensaje es “ampliar el postnatal a 6 meses”, sin embargo, la letra chica pone limitantes a tan magno beneficio (30 UF a partir del cuarto mes). Lo anterior ha cambiado debido a la gran presión política derivada por la existencia de este tope. Algo similar, ocurre con la eliminación del 7% de cotización obligatoria para los adultos mayores. El mensaje dice “la eliminación de la cotización obligatoria para los adultos mayores”, pero la letra chica pone límites al beneficio, por tramo de ingreso.
Ciertamente, las políticas públicas deben estar claramente acotadas, ya que involucran recursos que siempre son limitados, pero se requiere una consistencia mayor entre el mensaje que se le da a la ciudadanía respecto de estas políticas y el contenido de la misma. Dado el “empoderamiento” de la ciudadanía, resulta evidente la necesidad que los gobiernos alineen de mejor manera las políticas públicas con el mensaje mediático que se le entrega a la ciudadanía. Si lo anterior no se cumple, la política pública presenta una especie de “publicidad engañosa”, que defrauda a la ciudadanía provocando descontento. Al respecto no basta con informar, el mensaje se debe ser coherente con el contenido, debe ser emitido en un lenguaje que la ciudadanía pueda entender.

Defendamos la Familia

En medio de un mundo tan cambiante, no debe sorprendernos que al pilar fundamental de nuestra sociedad, como es la familia, haya que protegerla. Ella, a través de la vivencia de cada día, enfrentando alegrías y penas, incertidumbres y certezas, éxitos y fracasos, transmite estilos de vida, valores que acompañarán a sus hijos en su realización plena como hombres y mujeres de fe y de servicio al mundo.
Los primeros educadores de personas son sus propios padres, nada puede suplir a la familia, que recibe esta misión como un derecho y un deber que no se puede delegar a nadie. Ella es el gran taller de la vida, donde se aprende a ser persona y a vivir en sociedad.
Por ello, todo lo que atente contra la familia es un peligro contra los individuos y la sociedad.
Ciertamente, los que valoramos la familia, nos alegramos la semana pasada, cuando los 81 diputados presentes en la sala del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que establece un posnatal universal de seis meses, dejando la ley lista para ser promulgada por el Presidente Sebastián Piñera. Esta norma legal va a favorecer prácticamente a todas las trabajadoras del país, incluyendo las temporeras, lo que es un gran paso en beneficio de la estabilidad familiar.
Pero, también compartimos la preocupación que nos traen otros proyectos, cuya promulgación daría una señal muy delicada a las futuras generaciones, pues instalaría por norma lo que corresponde a una excepción.
Sin ir más lejos, por medio del proyecto de ley llamado “Acuerdo de Vida en Pareja” se pretende regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo, atentando directamente contra la familia, pilar de la sociedad y fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Al situar a nivel jurídico la unión homosexual como una analogía del matrimonio, el Estado actúa peligrosamente hacia una redefinición del matrimonio, con graves consecuencias para el bien común, arrebatando el derecho natural de los niños a tener un padre y una madre.
Por otra parte, se intenta legalizar el mal llamado “aborto terapéutico” cuyo acto afecta no sólo a la madre de la criatura sino que, especial y definitivamente, a esta última, que cuenta con la imposibilidad más absoluta y radical de defenderse, y que en su inocencia grita en silencio la defensa de su propia existencia.
El aborto siempre lleva a la pérdida de una vida absolutamente inocente, que no ha tenido el más mínimo derecho a la defensa a través de un debido proceso, como lo garantiza la Constitución Política en su Art. 19 Nº 3, provocando además graves daños sicológicos a la madre con el síndrome post aborto.
Estemos alertas frente a la falacia de los argumentos engañosos que se presentan, pues las formas de vida y los modelos en las leyes expresados no solamente configuran externamente la vida social, sino que tienden a modificar, sutil y peligrosamente, en las nuevas generaciones la comprensión y la valoración de la familia.